¿Por qué derechos humanos?

Los derechos humanos son universales. Sea cual sea tu nacionalidad, vivas donde vivas -en la calle, en la cárcel o en un campo de refugiados-, el agua y el saneamiento son tus derechos humanos.

El 28 de julio de 2010, las Naciones Unidas reconocieron explícitamente el agua potable y el saneamiento como un derecho humano independiente. En 2015, 193 países reforzaron su compromiso de hacer realidad el acceso universal al agua potable y al saneamiento para 2030 cuando adoptaron el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) de las Naciones Unidas.

Los derechos humanos ofrecen un marco jurídico para exigir responsabilidades a los gobiernos. Como titulares de derechos, las personas tienen el poder de impugnar la denegación de estos derechos. Como titulares de deberes, los gobiernos están obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos:

La obligación de respetar significa que los gobiernos deben crear un entorno propicio para que las personas disfruten de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Los Estados no deben tomar medidas que impidan que las personas ejerzan sus derechos al agua o al saneamiento, como desconectar indebidamente los hogares, las escuelas o las instalaciones públicas de los servicios de agua y saneamiento.

La obligación de proteger significa que los gobiernos deben impedir que terceros infrinjan los derechos de las personas al suministro de agua potable y a los servicios de saneamiento. El Estado tiene el deber de exigir responsabilidades a las empresas privadas en caso de que violen los derechos de las personas al agua y al saneamiento.

La obligación de cumplir significa que los gobiernos deben promulgar políticas, leyes y proporcionar financiación para realizar progresivamente los derechos humanos a servicios de agua potable y saneamiento.

Hasta la fecha, al menos 50 países han incluido el derecho al agua en sus leyes y constituciones nacionales. Los derechos al agua y al saneamiento también están relacionados con otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la igualdad, a la salud y a un medio ambiente sano y sostenible, que fue reconocido formalmente como derecho en octubre de 2021.